La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un contundente comunicado en el que rechaza la veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ), calificándola como una «operación política» que busca debilitar a la institución para forzar la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Bajo la consigna «El fútbol argentino es del pueblo y el pueblo no se vende», la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia denunció que el Ejecutivo liderado por Javier Milei utiliza organismos de control para ejecutar una política privatizadora sobre los clubes sociales, que históricamente han sido el corazón del deporte en el país suramericano.

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La AFA cuestionó las contradicciones de la IGJ, señalando que mientras el organismo afirma que la veeduría no es una sanción, en sus comunicaciones oficiales utiliza términos como «graves irregularidades» y «origen desconocido de fondos» sin presentar pruebas ni aplicar las sanciones legales que corresponderían ante tales calificativos.

«Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política«, reza el comunicado.

#Institucional Comunicado oficial

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— AFA (@afa) February 26, 2026

La dirigencia del fútbol argentino comparó este accionar con el precedente de 2023 contra el instituto de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde la justicia finalmente anuló una intervención similar por considerarla nula y violatoria del debido proceso.

El trasfondo de esta disputa radica en la intención del Gobierno nacional de transformar los clubes actualmente asociaciones civiles sin fines de lucro en empresas de capital privado (SAD). La AFA sostiene que la IGJ ignora deliberadamente que la entidad mudó su domicilio legal a la Provincia de Buenos Aires en 2024, un acto administrativo válido que el Gobierno central intenta desconocer para mantener jurisdicción y presión sobre la entidad.

La institución también desmintió la supuesta falta de presentación de balances, aclarando que los documentos de 2017 a 2024 fueron entregados en tiempo y forma y se encuentran en proceso administrativo ordinario.

Esta ofensiva gubernamental ha provocado una respuesta inmediata de las bases del fútbol. El Comité Ejecutivo de la AFA ya había anunciado la suspensión de toda la actividad futbolística entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo.

La propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años resurge en Argentina como una supuesta solución a la inseguridad. Sin embargo, la evidencia regional es clara: criminalizar a edades tempranas no reduce las tasas de delito ni la reincidencia. Expertos advierten que la… pic.twitter.com/hPG4IbMYjD

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Esta medida de fuerza coincide con la citación judicial de Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, producto de una denuncia del ente recaudador (ARCA) por presunta evasión, lo cual es visto por la AFA como otro eslabón de la persecución institucional.

Finalmente, la AFA adelantó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia para defender la autonomía de los clubes frente a lo que consideran una «cancha inclinada» por el poder político.

El conflicto central es un choque de modelos: el Gobierno de Javier Milei busca imponer por decreto las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) para privatizar los clubes, mientras que la AFA defiende el modelo histórico de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, donde los socios son los dueños y el fútbol cumple un rol social y comunitario en los barrios.

Para avanzar con esta privatización, el Ejecutivo utiliza a la Inspección General de Justicia (IGJ) como un instrumento de presión. La AFA denuncia que la designación de «veedores» y las acusaciones de «graves irregularidades» son una operación política diseñada para intervenir la institución, desplazar a su dirigencia y quebrar la resistencia de los clubes ante el desembarco de capitales privados.

Ante esta ofensiva, la AFA ha respondido con una estrategia de blindaje legal y protesta social: mudó su sede a la Provincia de Buenos Aires para escapar de la jurisdicción nacional y ordenó un paro total de actividades. La entidad advierte que no se trata de un control administrativo genuino, sino de una persecución judicial similar a la que el propio sistema aplicó contra figuras políticas en el pasado.

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